¿DECIDIR? ¡PERO QUÉ!

Cuando hablamos de DECIDIR, me viene a la cabeza la frase inglesa del “think big“. Ya que será muy difícil repetir la experiencia y la movida, hagámoslo bien a la primera.

Este último trimestre el tema del DERECHO A DECIDIR ha sigo trending topic en los medios de comunicación y también en las conversaciones de la ciudadanía de Cataluña. Pero se han exagerado y tergiversado tantas ideas, se han mezclado tanto los gatos con las liebres,  que quisiera establecer alguna pauta de razonamiento que estuviera alejada de los simplismos que no llevan a ninguna parte. El más habitual reside en la confusión entre el “derecho a decidir”, la “autodeterminación”, la “soberanía” y la “independencia”, que se quieren hacer pasar por sinónimos y no lo son, en especial el primero, un concepto mucho más amplio.

El camino es, o lo han hecho, complicado. Al DERECHO A DECIDIR, intencionadamente y en clave populista, se le quiere identificar con la independencia de Cataluña. Pero dicho cambio de estatus de una comunidad, no se puede asimilar al primero, que habla, en toda su amplitud, de la facultad de un colectivo para influir en un proceso (el que sea) que le afecta.

El momento es propicio dada la mala práctica política y de gobierno en todo el Estado, incluida, pero no sólo, Cataluña. El hábito de no cumplir las promesas electorales que tienen nuestros políticos se ha convertido en un verdadero vicio, clamando a gritos que se cambien las reglas del juego. Porqué es primordial considerar que son estas promesas las que realmente votan los ciudadanos, diciendo así (decidiendo) cómo quieren ser gestionados en los siguientes años. El reiterado incumplimiento de lo prometido, si por un lado deslegitima a quién ha subido al poder aupado en ello, por el otro somete a la población a ser gobernada por sus elegidos de un modo que ella no ha decidido ni ellos planteado, ¡y durante cuatro años! Consultar al país sobre los temas que han cambiado respecto a la situación previa a los comicios (necesidad de una negada subida de impuestos), o sobrevenida después (generada por la UE, por ejemplo) tendría que ser práctica habitual. Y el resultado de la consulta, vinculante para los gobernantes.

Volvamos a Cataluña. En la situación actual, para obtener legalmente el “DERECHO A DECIDIR”, se debería cambiar la Constitución. Fuera de ella, se corre el riesgo de que todo quede en una consulta “alegal” y festiva (incluso Mas ha puesto en duda que sea realmente vinculante), pero sin validez jurídica y generadora de disputas y controversias maniqueas entre los ciudadanos. Hasta aquí, el camino se presenta irrealizable.

Pero no todo está perdido. Intuyo que si la reclamación fuera más global; si se propusiera modificar la Constitución para dar, tanto a cada comunidad autónoma como a la ciudadanía en general, el DERECHO A DECIDIR sobre temas capitales (no sólo sobre una eventual escisión), cabrían posibilidades de éxito. Se deberían fijar las condiciones (cantidad mínima de peticionarios, por ejemplo), pero mucha gente querría indicar su voluntad, de forma vinculante, sobre temas claves de su comunidad o de España. La Constitución resultante sería realmente la de todos y adaptada a las circunstancias del S. XXI. Y en la lucha por conseguirla, podrían ir codo con codo reivindicaciones muy diversas y de colectivos heterogéneos, en una acción sinérgica. En cualquier caso, aunque algunas quedaran a medio camino, es imprescindible que nos dotemos de una Constitución válida y de todos.

Pongo algún ejemplo: uno, a nivel nacional, podría ser la continuidad, o no, de la monarquía; otro, sobre una nueva ley electoral, el Tribunal Constitucional o el derecho a la vivienda… A nivel autonómico podría contemplar la capacidad de autodeterminación aplicable, pongamos el caso, a Murcia y su voluntad, o no, de integrase en un ámbito más amplio, como la Comunidad Valenciana o Castilla la Mancha, y evidentemente, el derecho a escindirse totalmente o a cambiar el nexo con el conjunto de la nación, en una base federalista. Hay demasiadas notas en la Constitución que chirrían, como para no pensar en aprevechar la coyuntura para afinar todo el instrumento y no una sola cuerda.

Fijémonos que el cambio constitucional vendría provocado por una confluencia de intereses de muy variada índole, aumentando así las posibilidades de apoyo de la iniciativa por parte de numerosos colectivos. La desastrosa situación actual (y no sólo económica) requiere una nueva Constitución, no parches cosidos a escondidas (como el del déficit). Si se consiguiera, el éxito beneficiaría, y mucho, también a Cataluña, con el derecho a decidir su futuro y la oportunidad.de afrontarlo con una base más límpia y participativa de lo que es ahora.

Es preciso que el pueblo tenga derecho a cambiar el rumbo cuando se siente engañado. Un derecho, o se tiene o no se tiene; no puede ser aguado o recortado. Y tanto la potestad de decidir sobre con quién se comparte el futuro, como la existencia de cohesión y dignidad social lo son. Y de momento, el primero no lo tenemos (hablo de todos los españoles) y lo otro se está perdiendo a marchas forzadas. Al ver la frivolidad, la chapucería y la heterogeneidad de quién tomó el DERECHO A DECIDIR como una bandera partidista, hace temer que seguiremos así mucho tiempo. ¿Vamos a por una nueva Constitución? En Islandia tardaron menos de un año.