EL FRENTE POPULAR Y LAS ELECCIONES DE 1936 2/3

En esta segunda entrega (la primera “Gestación del Frente Popular“), debemos mencionar el Manifiesto del Frente Popular, aparecido sólo un mes antes de las elecciones de 16 de febrero de 1936. Como hemos visto en el primer artículo, el proceso de confluencia de posiciones hasta llegar a un consenso en el texto fue difícil. Pero la necesidad de hacer frente al riesgo de que copara el poder una alternativa declaradamente pro-fascista (la CEDA de Gil Robles), limó las asperezas y empujó a los partidos a hacer concesiones en sus planteamientos. La ley electoral del momento, que favorecía las coaliciones, lo hacía absolutamente necesario (lo veremos más adelante, en una serie de artículos en preparación sobre la Ley Electoral).

El pacto se basaba en una declaración de objetivos comunes, que los firmantes se comprometían a llevar a término en el caso de conseguir una mayoría en las Cortes y también en un reparto de escaños. Los dos factores demuestran una voluntad real de conseguir el objetivo anti-fascista, por encima de los intereses particulares de cada partido concreto. Una lección.

Respecto al Manifiesto, las principales reivindicaciones acordadas fueron:

–Una amnistía para los represaliados de 1934. Este factor propició una actitud no beligerante de los anarquistas –los más afectados-
–Una reforma del sistema de propiedad agrario. Iniciado con la Republica en 1931, y abortado por las derechas en el poder durante el “bienio negro” (1933-35)
-Una reforma de la industria, fomentando la investigación y el saneamiento financiero.
-Un incremento de la obra pública, como medio para salir de la grave crisis existente.
-Una reestructuración a fondo del sistema bancario.
-Fomento del sistema público de educación, garantizando las oportunidades en función de la capacidad de cada uno.
.Recuperación y desarrollo de las libertades autonómicas – conseguidas y reflejadas en la Constitución de 1931.

En fin, si leéis el texto completo, veréis como este acuerdo de mínimos presentaba una sincera explicación de las posiciones de cada partido, más allá del acuerdo firmado. Por ejemplo, dice en su punto IV: “Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado por los delegados del partido socialista”. O en el VI: “No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros”. Por la misma imperiosa razón de practicidad, conseguían acuerdos en los que algunos hubieran querido ir más allá; dejaban constancia de sus principios, pero daban un voto de confianza a la política común. El Manifiesto, procurando no herir susceptibilidades para conseguir agrupar el espectro más amplio posible, optó por la fórmula explicitada en el preámbulo, firmando  “sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria”.

Dado que se pretendía aglutinar las fuerzas con el objetivo de parar la ola fascista, se optó por estructurar el proyecto alrededor del prestigio de Izquierda Republicana, el pequeño partido de Manuel Azaña, moderado, intelectual, con buena relación con otros partidos republicanos y con el ala moderada del PSOE, mientras que la vertiente más izquierdista de éste enlazaba con el PCE, el POUM y otras formaciones más pequeñas, reclamando volver a las reformas iniciadas a partir de la Constitución de 1931 y a la vez evitando resucitar ideas revolucionarias. Ésta fue la pauta seguida por el Comité Electoral que negoció el reparto de candidatos/diputados con la misma filosofía de priorizar la imagen republicana por encima de la proletaria. En efecto, si dividimos los candidatos por el número de votos conseguidos en 1933, a IR le correspondía uno por cada 6.048 votos, mientras que la relación aumentaba a 8.552 en el PCE y a 12.775 en el PSOE. Y ello a pesar de que éstos habían obtenido 1.700.000 votos y los republicanos sólo unos 300.000.

El único debate que no quedó resuelto fue la duración del acuerdo,  evitando especificar si los otros partidos tenían o no que entrar en el gobierno de Azaña, o si aquél se terminaba con las elecciones y un soporte externo. La no solución de este punto (que generó grandes enfrentamientos en el interior del PSOE, entre Prieto y Largo Caballero), debilitaron el gobierno surgido de las elecciones, en especial a la hora de afrontar el levantamiento militar del 18 de julio.

Sea como sea, el 16 de febrero de 1936, este acuerdo, y la esperanza que generó en la población, cansada de corrupción y estrecheces económicas, llevaron al Frente Popular a la victoria. El hecho de que en algunas demarcaciones fuera precisa una segunda vuelta y las numerosas reclamaciones, así como la deriva ideológica de algunos historiadores, han traído discrepancias en los datos, aunque quedó claro el triunfo del Frente Popular, gracias a las características de la ley electoral vigente, como demuestra la diferencia entre el ajustado margen de votos y la amplia diferencia en el número de diputados. ¡Ojo pues, si algún día se discute en España una nueva ley electoral; que no nos hagan comulgar con ruedas de molino!

Los resultados quedan reflejados en el siguiente cuadro, que da idea de la atomización de opciones, y de lo que hubiera podido pasar de no haber llegado el Frente Popular a un acuerdo.

(Total diputados: 473)

Si lo analizamos por grupos ideológicos, queda claro que la unión aportó ventajas por muchos sacrificios y renuncias que implicara.

(Los partidos son los de 1933, habiendo alguna variación en el nombre y composición en las listas de 1936)